Balconea el FAP en el debate a panistas intermediarios de contratos con Pemex

La discusión acerca del sistema de contratos que se propone en las iniciativas del presidente Felipe Calderón para Petróleos Mexicanos (Pemex) permitió al Frente Amplio Progresista (FAP) y a expertos en materia de hidrocarburos exponer cómo contratistas ligados al PAN han utilizado la legislación vigente para beneficiarse con licitaciones en su favor. or ejemplo, señalaron que el actual director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, así como el secretario particular del jefe del Ejecutivo federal, César Nava Vázquez, apoyaron y negociaron tres contratos para la explotación de gas en la cuenca de Burgos.

Una y otra vez, diputados y senadores del PRD, así como especialistas, exigieron al subdirector de nuevos modelos de ejecución de Pemex, Sergio Guaso Montoya, entregar copia de los contratos, y no fue hasta que, por conducto de Francisco Labastida, se lo pidió Yeidckol Polevnsky, que el funcionario aceptó facilitar los documentos.

El ingeniero Alfonso Hickman, de la Asociación Ingenieros Constitución del 17, aseguró que esos contratos se entregaron a empresas privadas como si la reforma de Calderón ya estuviera aprobada.

Y, ante los reclamos airados de los panistas presentes en la reunión en el patio central del Senado, les respondió: “Es el miedo que les da cuando los obligan a transgredir el marco normativo. Por ejemplo –dijo–, el contrato para el aseguramiento de la integridad de los ductos de Pemex; claro que los va a agarrar la Secretaría de la Función Pública, porque está fuera de la ley”.

Hickman se refería a la licitación pública internacional 1857511-06-07, que realizó Pemex Exploración en mayo de 2007 para contratar el aseguramiento de los ductos en Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca, que “se realizó como si ya estuvieran vigentes las reformas a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y la ley orgánica de Pemex”, en el que participó como negociador, dijo, Reyes Heroles. “Como representante de GEA realizó labores de cabildeo”, resaltó.

En el mismo sentido, el catedrático universitario Víctor Rodríguez Padilla, ex asesor en materia energética en el Senado, recordó que cuando senadores y diputados presentaron un juicio de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el gobierno federal suspendió algunas licitaciones, pero la administración de Calderón “volvió a la carga y entregó más”.

Estas denuncias provocaron molestia entre los panistas. El senador Sebastián Calderón Centeno respondió que el juicio “no ha prosperado, y por eso es una verdad jurídica que los contratos son constitucionales”.

Así, mientras los legisladores del PAN defendieron que el mecanismo de contratos a terceros, con la modalidad de “incentivos” a los inversionistas que exploten con éxito yacimientos petroleros, no privatizan la extracción de petróleo ni permitirán compartir la renta petrolera, porque “se pagarán en efectivo”, diputados y senadores de PRD, PT y Convergencia advirtieron que se trata de legalizar los convenios ya firmados por el gobierno federal y entregar a extranjeros la producción nacional de hidrocarburos.

Sin comprometer una posición en contra, el senador Raúl Mejía González, del PRI, dijo que las reformas, si bien parece que buscan permitir que Pemex busque nuevas formas de contratación en exploración y explotación de yacimientos, “al menos generan dudas”.

Su correligionario y diputado Eduardo Sánchez fue más allá, y si bien señaló que no se podía entregar un cheque en blanco al consejo de administración de Pemex para que apruebe los contratos que crea necesarios, evidenció su verdadero interés al señalar que él prefiere eficacia sobre la constitucionalidad de los convenios.

“¿Quiénes son los que piden el cambio?”, cuestionó el diputado perredista Juan Guerra Ochoa, y abundó: “los que quieren mantener los contratos nepotistas. Por eso no me extraña que defiendan que la contratación sea más opaca y discrecional, porque buscan cómo sacar tajada y ordeñar más a Pemex. Antes se hizo con la protección de los hermanos Bribiesca Sahagún, y luego con los Fernández Tapia, que los trajo (Juan Camilo) Mouriño”.

Guerra Ochoa, quien forma parte de la comisión que investiga la fortuna de Vicente Fox, dijo que como la Suprema Corte aún no entra al fondo del recurso de inconstitucionalidad, “Nava apadrinó los tres contratos en Burgos bajo el esquema de Guaso”.

Y es que, refirió el investigador Víctor Rodríguez Padilla –quien esta vez fue centro de los agrios comentarios del PAN–, Guaso firmó los contratos para la explotación de gas en Burgos por empresas privadas, cuando fue director ejecutivo de los contratos de servicios múltiples (CSM) de la paraestatal.

Carlos Huerta, quien es asesor del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, refutó al senador panista Jorge Ocejo Moreno, quien aseguró que los CSM son constitucionales, ya que la Corte no ha entrado al fondo del recurso. “Usted puede decir que son constitucionales, sí, y yo que no lo son, porque la Corte no ha declarado en un sentido u otro.”

Lamentó que desde el punto de vista legislativo las iniciativas de Calderón “son impresentables hasta para las empresas con las que ustedes quieren hacer negocios. Pregúntenle a Exxon, a Repsol, si están conformes con arriesgar miles de millones de dólares con este proyecto”.

La senadora perredista Yeidckol Polevnsky resaltó que la iniciativa en el rubro de contratos pretende que el gobierno federal sólo autorice los contratos menores, “es decir, de papel y lápices”, y que el consejo de administración de Pemex avale “las millonarias, en dólares”.

David Shields, quien con su firma avaló la compra de gas a la trasnacional española Repsol, afirmó que si la reforma busca compartir la renta petrolera, es preferible que se entregue a la iniciativa privada. “Los excedentes se comparten con los gobernadores. Hay que ver en qué forma utilizamos mejor el dinero, dándoselo a una compañía o a los gobernadores”, cuestionó. La Jornada Enrique Méndez y Ciro Pérez

Leer más...

Ocultar texto

Avalan a IP en Pemex, pero critican iniciativa

La discusión de la propuesta de reforma a Petróleos Mexicanos (Pemex) del presidente Felipe Calderón registró ayer un día de críticas, por la apertura de la petrolera a la participación de particulares. Aun quienes apoyaron la inclusión del sector privado en el proceso petrolero nacional, expresaron riesgos, dudas y temores por las imprecisiones y laxitud de la propuesta en cuanto a adquisiciones, contratos y obras públicas, tema del debate ayer en el Senado de la República.

El consenso mayoritario fue que el actual marco de compras y adquisiciones es obsoleto, no le funciona más a la paraestatal; por ello, hablaron de la urgencia de modificarlo.

Hubo un rotundo no a los contratos de riesgo. La izquierda dijo que la propuesta presidencial los incluye; el resto lo negó.

“Yo estoy totalmente en contra de los contratos de riesgo. Estoy en contra de que Pemex asuma exclusivamente el riesgo de un pozo seco”, expresó Rogelio López Velarde.

Otro punto de coincidencia entre los ponentes fue que la reforma no debe llevar a Pemex a un esquema extranjerizante.

Los representantes de la izquierda, Víctor Rodríguez, Alfonso Hickman y Carlos Huerta, pidieron al Congreso no aprobar la iniciativa, porque los contratos de desempeño son contratos de riesgo encubiertos y generarán la pérdida de la renta petrolera.

David Shields consideró importante la iniciativa, pero “no bien lograda”; Manuel Barquín la calificó de necesaria, pero “con puntos contraproducentes”; Rubén Valdez y Rogelio López también señalaron aspectos a mejorar. Sergio Guaso, subdirector de Nuevos Modelos de Ejecución en Pemex Exploración y Producción de Pemex, instó a que los legisladores la respalden.

Víctor Rodríguez Padilla, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que la iniciativa presidencial propone “legalizar la opacidad de la contratación”; explicó que el pago en efectivo “no evita que el contratista sea el primer beneficiado de los recursos naturales mexicanos, porque las empresas privadas son especialistas en vender contratos a precios de oro”.

Alfonso Hickman, ex trabajador de Pemex, advirtió que “no se puede fortalecer a Pemex desmantelándolo”; por ello, pidió rechazar la propuesta presidencial, porque es “contraria a los intereses de nuestra soberanía y del desarrollo de nuestra industria nacional”. Carlos Huerta, asesor del PRD en la Cámara de Diputados, destacó que el esquema de contrataciones propuesto por Felipe Calderón es “anticonstitucional”, porque comparte la renta petrolera; pretende legitimar el proceso de conversión de la paraestatal en una agencia administradora de contratos.

Rogelio López Velarde, ex comisionado de Pemex en Houston y Nueva York, respaldó la iniciativa presidencial, porque la petrolera “no puede seguir contratando de la manera en que lo ha venido haciendo, con un ordenamiento jurídico claramente anacrónico, obsoleto e inapropiado, sino que requiere incrementar su eficiencia operativa y para ello necesita de mejores prácticas contractuales”.

Aceptó, empero, que es necesario hacer algunas precisiones para que los nuevos lineamentos no generen un problema posterior.

David Shields, director de la revista Energía a Debate, destacó que la iniciativa presidencial es positiva, pero “no está bien lograda”; por lo cual hizo observaciones a artículos, frases, párrafos, para evitar la excesiva laxitud del planteamiento en algunos aspectos de los contratos.

“Decepciona el hecho de que no exista sobre la mesa una reforma petrolera mejor que la puesta por el presidente Calderón”, dijo, y agregó que si Brasil y Noruega cuentan con un mejor modelo, es porque sus gobiernos y sus legisladores se pusieron de acuerdo en beneficio de su país, mientras aquí la polarización prevalece.

Manuel Barquín, ex consejero de la Judicatura Federal, aseguró que algunas de las soluciones planteadas por la iniciativa presidencial son certeras y pueden pasar con modificaciones menores, pero otras necesitan “cirugía mayor”; de no corregirse, “se corre el riesgo de privarla de eficacia y de que algunas propuestas; por la forma como se plantean, resulten contraproducentes”.

Rubén Valdez Abascal, director de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República con Miguel de la Madrid, aseguró que los contratos propuestos por Felipe Calderón son procedentes, porque “darán mayor flexibilidad a Pemex. para contratar de manera transparente los servicios que requiere; darán mayores oportunidades de negocios y les permitiría aprender de los mejores, para a partir de ahí iniciar un camino hacia el desarrollo de la tecnología propia”.

Criticó, empero, los criterios “subjetivos” y la carencia de “claridad conceptual”. “Tengo dudas sobre si el contenido del artículo 44 de la iniciativa es suficiente para dejar en claro que se crea un régimen especial de contrataciones de Pemex distinto del régimen general vigente, pero ésta y tal vez otras imprecisiones de la iniciativa seguramente serán observadas y superadas en su oportunidad por los señores legisladores”.

Sergio Guaso fue el encargado de defender la iniciativa. Recordó que el esquema actual de contrataciones de Pemex no la trata como una empresa petrolera, sino como una dependencia más del Ejecutivo; entonces “resulta igual contratar la construcción de una barda que la perforación de un pozo exploratorio en aguas profundas”.

“Para que no exista confusión dijo—, el pago en efectivo y sin relación con el valor de la producción garantiza que los contratos de Pemex no se asemejen a los contratos de producción o utilidades compartidas, típicos de la industria en otras partes del mundo, mejor conocidos como contratos de riesgo.” EXonline. Leticia Robles De La Rosa

Leer más...

Ocultar texto